viernes, 22 de octubre de 2010

SUSPENSIÓN DEL JUCIO A PRUEBA. OPOSICIÓN FISCAL, FUNDAMENTAR DEBIDAMENTE SU OPOSICIÓN.

Juez que luego de celebrada la audiencia prevista en el art. 205 del CPP, accede a la petición del imputado de suspender el proceso a prueba. Agravio referido a la violación al sistema acusatorio, al debido proceso, a la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal y a los principios de imparcialidad y legalidad. ART. 205 del CPP: INTERPRETACIÓN. PRECEDENTE "BENAVIDEZ" DEL TSJ DE LA CIUDAD. ANÁLISIS Y CRÍTICA. DEBER DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE FUNDAMENTAR DEBIDAMENTE SU OPOSICIÓN A LA PROBATION. Oposición por "razones de política criminal". Alcance de tal fórmula. Necesidad de control judicial de la fundamentación brindada por el Ministerio Publico. Principio acusatorio como "garantía para el imputado" y no como una prerrogativa del órgano de persecución estatal para llevar cualquier caso a juicio

"Porro Rey, Julio Felix s/ inf. art. 189 bis CP- Apelación" - CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - 15/10/2010

"En precedentes anteriores este Tribunal entendió que el sentido de la exigencia del consentimiento del acusador estatal, como titular de la acción penal, en el marco de un sistema de justicia penal orientado hacia un modelo acusatorio formal "sólo puede consistir en un juicio de oportunidad político criminal respecto de la persecución penal de un caso particular" y "esas deben ser razones que, según el ordenamiento jurídico, puedan ser tomadas en cuenta para una decisión de tal carácter" (conf. Bovino, Alberto, "La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino", ed. Del Puerto, p. 158 y ss). Así, la norma contenida en el art. 205 CPCBA resulta coincidente con los precedentes jurisprudenciales de esta Sala en cuanto vino a establecer que "la oposición del Ministerio Público Fiscal, fundamentada en razones de política criminal o en la necesidad de que el caso se resuelva en juicio, será vinculante para el Tribunal." Se dijo que la fórmula terminológica "razones de política criminal" no puede funcionar a modo de palabra mágica que se esgrima de un modo carente de contenido. Muy por el contrario, la norma exige que la oposición, para producir los efectos establecidos, se encuentre "fundamentada". La opinión del Ministerio Público debe ser fundada "... pues el hecho de que la ley le permita decidir sobre la conveniencia político-criminal de ejercer la acción penal en ciertos supuestos - para el caso, comprendidos en el art. 76 bis, párrafo IV, del CP-, no significa que esa decisión no deba ser justificada y, tampoco, que ella pueda estar motivada en cualquier clase de razones. El reconocimiento legal de cierto grado de discreción para que el ministerio público ejerza la acción penal no permite que su juicio pueda estar fundado de cualquier modo, y tampoco impide que su decisión pueda ser sometida a control judicial. .." (Bovino, ob.cit., pág 160)."


"Y, es deber del órgano jurisdiccional verificar que la exigencia normativa se encuentre satisfecha."

"Ahora bien, en cuanto a la oposición fiscal, su fundamentación y control por parte de los jueces, es dable afirmar que la postura de los miembros de nuestro Máximo Tribunal local en el fallo "Benavidez"[Fallo en extenso: elDial.com - AA643B] no resulta coincidente en relación a la posibilidad de control judicial sobre la fundamentación de los motivos esgrimidos por el titular de la acción para oponerse a la probation."

"El Dr. Lozano no admite que pueda existir algún tipo de control judicial sobre los fundamentos esgrimidos por el titular de la acción para oponerse a la suspensión. En una postura parecida, el Dr. Casas señala que en principio no hay norma alguna que habilite a los jueces a controlar los argumentos del fiscal, si bien admite como excepción un posible control judicial cuando se trate de una violación palmaria de algún precepto constitucional que permita calificarlos como ilegítimos. En una postura distinta, la Dra. Conde analiza en el caso la existencia y vinculación con la causa de los argumentos esgrimidos por el fiscal para oponerse a la probation, efectuando una descripción de qué constituiría una oposición "fundamentada"; es decir admite un control del Juez que no implique una sustitución del papel del Fiscal. La Dra. Ruiz votó por el rechazo del recurso de queja presentado."

"Se advierte entonces que no hay mayoría en torno a este punto. Sin embargo, en atención a la importancia que reviste que el Máximo Tribunal Local se haya expedido en relación al alcance del sistema acusatorio, y teniendo en cuenta que el Fiscal se agravia porque se habría vulnerado dicho principio, cabe ahondar en tales cuestiones."

"Consideramos que la inteligencia asignada al sistema acusatorio según la cual se excluye del control judicial la fundamentación brindada por el Ministerio Público para oponerse a la probation, no solo es ajena a los principios que informan dicho sistema, sino que niega la categoría de garantía que tal principio posee, tanto desde su origen histórico como acordado por los constituyentes locales."

"Teniendo en cuenta ello, la garantía en cuestión debe ser leída tal cual fuera el fin para el que fue consagrada: como una salvaguarda para el imputado (a fin de perfeccionar la imparcialidad y la defensa en juicio) y no como una prerrogativa del órgano de persecución estatal (tal como sostiene el recurrente), para llevar cualquier caso a juicio, con la consecuente amenaza de la estigmatizante pena estatal (cuya fundamento, siquiera aún, no hemos podido desentrañar con claridad a esta altura de la cultura jurídica)."

"Las garantías constitucionales se encuentran dirigidas a las personas frente a los órganos de persecución estatal, mas no a la inversa."

"En este sendero, frente a una decisión ciega de impulsar la acción, frente a una oposición totalmente desconectada de las circunstancias fácticas del caso concreto que se pretende enjuiciar, resulta un deber del órgano jurisdiccional suspender ese pretendido ejercicio caprichoso de la acción si la excepción al juicio fue solicitada por el imputado conforme el derecho que le asiste."

"Por otra parte, si bien el órgano jurisdiccional carece de facultades para impulsar sin estímulo, de ello no cabe deducir que no puede suspender el impulso o incluso extinguirlo si se dan los supuestos legales para ello. Así, ninguna duda cabe que el Juez puede dictar un sobreseimiento pese a que el Fiscal pretenda ir a juicio (arts. 195 y 197 CPPCABA), y ello no contradice en modo alguno el sistema acusatorio."

"La Corte Suprema expresó que "la ley procesal permanentemente somete a los fiscales al control jurisdiccional, en cuanto son los jueces quienes tienen la facultad de decidir si corresponde que la persecución penal siga progresando" ("Recurso de hecho - Quiroga, Edgardo Oscar"[Fallo en extenso: elDial - AA26C7], del 23/12/04)."

"Por ello, como señala ELEONORA DEVOTO, "los jueces son quienes, en definitiva, guardan la facultad y el deber de decidir acerca de la viabilidad del otorgamiento de la suspensión, porque son ellos quienes velan por el aseguramiento y los límites de los derechos de los ciudadanos" (Los límites a la intervención del fiscal en la suspensión del juicio a prueba, revista La Ley, Sup. Penal, 2010 (septiembre), 132)."

"Sólo de esta manera es posible aprehender una noción de sistema acusatorio que no tergiverse la finalidad para el cual fue concebido, es decir como límite frente al poder punitivo del Estado y no como garantía del Estado para poder avanzar con su poder punitivo contra el individuo."

"Por su parte, esta Sala ha adoptado un criterio amplio para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba en materia penal, afirmando que dicho instituto resulta un derecho del imputado cuando se encuentren reunidos los requisitos legales para su procedencia."

"En el caso se advierte que las genéricas consideraciones del fiscal mediante las cuales se pretende llenar de contenido la formula terminológica "razones de política criminal" carecen de conexión alguna con el hecho que resulta objeto de investigación en los presentes actuados. Dicho de otro modo, en su afán por describir el bosque el acusador público pierde de vista el árbol. Nos ilustra acerca de genéricas cuestiones de política criminal, incluso de índole internacional, pero no dedica esfuerzo alguno a explicar porqué el hecho investigado en los presentes actuados se corresponde con la problemática en cuestión."

"Tampoco de los argumentos esgrimidos por el titular de la acción se desprende por qué en el caso concreto, celebrando un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, no se pueden cumplir los objetivos de política criminal "anti-armamentista". En efecto, el Sr. Fiscal no brinda mayores razones para convencer que una pena de arresto -que en el caso podría ser en suspenso-, resulta más apta que las reglas de conducta impuestas por la Judicante a fin de lograr que el encausado comprenda la peligrosidad de la conducta reprochada y no la reitere en el futuro, o inclusive, para la obtención del fin preventivo-general que invoca, pues la suspensión del proceso a prueba también reviste tales objetivos y conlleva el abandono del arma en favor del Estado."

"A mayor abundamiento, cabe señalar que la Resolución de Fiscalía General Nº 178/2008 que fija un criterio general de actuación respecto al delito de portación de arma de fuego de uso civil (entre otros) y dispone " ... que los Fiscales con competencia penal, contravencional y faltas deberán oponerse a la concesión del beneficio de la suspensión del juicio a prueba cuando el hecho enrostrado encuadre legalmente en el tipo penal previsto en el art. 189 bis ap. 2 tercer párrafo del CP ...", contiene pautas mas restrictivas que las fijadas por el legislador nacional en cuanto impide que quien cometa el delito en cuestión acceda a la suspensión del proceso a prueba pese a que se encuentren reunidos los requisitos legales establecidos en el Código Penal. Sobre dicha base, si nos atenemos a la interpretación del art. 76 bis CP propiciada por el recurrente, la consecuencia sería que una Resolución del Ministerio Público obligaría a resolver conforme a ella -y rechazar la probation- a todos los jueces que integran el Poder Judicial local, otorgándole a ella mayor jerarquía que la propia ley que rige, pero además en perjuicio del imputado. Todo ello bajo el ropaje del "sistema acusatorio" que, como vimos, es una garantía del justiciable."

"Lo contrario implica institucionalizar un proceso pseudo-acusatorio, donde el Fiscal concentra la función de perseguir, de decidir y "garantizar" la legalidad, todo lo cual provoca un desequilibrio entre las partes que es contrario al sistema acusatorio visto como garantía, en el que la legalidad sólo puede ser garantizada por un tercero imparcial."

"En definitiva, la postura que trasluce el recurso de apelación, se enmarca en el movimiento de "administrativización de la justicia" y en la pretensión de construir un sistema penal sin jueces, tal como lo señala PABLO GALAÍN PALERMO al analizar la introducción en el sistema penal Portugués de mecanismos propios de la justicia restaurativa (Revista Penal LA LEY -grupo wolters kluwer- nº 24, julio de 2009, página 71 y siguientes -dirigida por JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ, Universidad de Huelva)."
Citar: [elDial.com - AA6495]

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